El Gobierno presentó el nuevo Código Penal en Casa Rosada que, según la mirada oficial, busca terminar la doctrina «zaffaronista» donde el victimario «se convertía en víctima según los ojos de la ley», garantizar el «orden» y la justicia para las víctimas. En los hechos, la proyectada ley agrava todas las penas desde los hurtos hasta los abusos sexuales y los homicidios e instituye un cumplimiento «efectivo» de las mismas para terminar con el denominado fenómeno «la puerta giratoria» que beneficia a los delincuentes.
El nuevo Código, que aún no fue girado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados pese a la intención del oficialismo de tratarlo en sesiones extraordinarias, busca imponer lo que en el Gobierno afirman es la «doctrina Bullrich» (por la saliente ministra de Seguridad) que se traduce en «el que las hace, las paga«. Cerca de la flamante senadora nacional aducen que el texto «lo tiene Legal y Técnica y lo está revisando».
De acuerdo a lo que se informó oficialmente, se endurecerán los delitos que atenten contra la vida, la libertad y la propiedad y los delincuentes serán juzgados por sus acciones y condenados «de forma proporcional al daño perpetrado contra la sociedad».
Un capítulo polémico de la enmienda hace a a la vigencia misma de los ilícitos cometidos. El proyecto establecerá que «los delitos graves pasarán a ser imprescriptibles» para evitar así el archivo de las causas contra presuntos homicidas, violadores, traficantes de personas, traficantes de drogas o explotadores sexuales.
En la conferencia de prensa celebrada el lunes en Casa Rosada, Patricia Bullrich destacó que «se incorpora la figura de conducción imprudente -reclamo histórico de Madres del Dolor- para castigar a quienes protagonizan accidentes de tránsito, el abuso de armas -ya no será beneficiado el delincuente que actúe con armas de juguete, por caso- y el concepto de legítima defensa, donde “la presunción va a estar siempre a favor de quién se defiende”.
Asimismo, la funcionaria indicó que “las víctimas van a tener una posibilidad de intervenir en todo momento” en el proceso judicial y que, como consecuencia del nuevo Código, “el 82% de los delitos van a ser con prisión efectiva”. Remarcó incluso que “está comprobado que los países que tienen penas fuertes bajan los delitos”.
También la reforma prevé un castigo mayor para aquellos políticos que delinquen en la función pública porque su condena contemplará la pérdida de su jubilación de privilegio. Por ejemplo, si un funcionario recibe una condena por corrupción como la que recibió el exministro Julio De Vido o la ex presidenta Cristina Kirchner no podrá percibir su pensión específica.
Respecto a la limitación de las excarcelaciones, en el Gobierno explican que con el sistema actual, cuando la pena es menor a 3 años, el autor puede ser beneficiado con la ejecución condicional y no cumplirla efectivamente. Pero la enmienda buscará que los castigos tengan un cumplimiento efectivo de los condenados.
A modo de ejemplo, explican en Seguridad, si se aplicara el nuevo Código Penal, crímenes como el de Mariano Barbieri o el de Morena Domínguez, ambos ocurridos en el año 2023, «no tendrían lugar en el futuro, porque sus asesinos tenían antecedentes y habrían estado tras las rejas».
Frente a las críticas opositoras y la posibilidad que se judicialicen algunos apartados del nuevo Código, en el oficialismo insisten en que «endurecer las penas contra los delincuentes es a la seguridad lo que a la economía dejar de emitir para cubrir el déficit» en pos del supuesto orden que buscan imprimirle a la Nación.
