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La presentación fue hecha por la legisladora porteña del Frente de Izquierda, Myriam Bregman y el abogado abogado Matías Aufieri, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, quienes solicitaron además que el Ministerio de Seguridad entregue «toda la información existente sobre el accionar del Centro de Reunión de Información (CRI) de Gendarmería Nacional de la provincia del Neuquén».
«Se ha confirmado que integrantes de Gendarmería transmitían información de la familia de Santiago y de organismos de derechos humanos, desde equipos telefónicos pertenecientes a esa fuerza federal. Hay comunicaciones de comandantes de esa fuerza con esa unidad y pedimos que se amplíen las investigaciones», indicó Auferi en dialogo con Télam
La causa por espionaje se inició en octubre de 2017, cuando se conocieron numerosos chats entre personal de Gendarmería Nacional que sugerían la existencia de actividades de inteligencia sobre la familia Maldonado.
«También exigimos información a distintas dependencias del Estado sobre las personas que realizaron tareas de seguimiento a Sergio Maldonado desde habitaciones contiguas a la suya en un hotel, tras un acto en Plaza de Mayo”, indicó el letrado.
Según los querellantes, en junio pasado se confirmó la pertenencia al Edificio Centinela (jefatura de Gendarmería Nacional) de uno de los celulares que enviaban numerosos datos sobre aquellos que reclamaban por la aparición del artesano, y sobre el curso mismo de la investigación judicial.
«Esa información era producida y enviada ilegalmente a comandantes de esa fuerza situados en la zona de desaparición de Santiago. La información era recopilada por el CRI. Durante los meses en que esa fuerza se encontraba separada de la investigación en el caso», indicó la querella.
Auferi remarcó que “hay muchas pruebas contundentes, datos duros, que no dejan dudas del espionaje impulsado desde el Ministerio de Seguridad de Bullrich, la cúpula de Gendarmería, y los propios escuadrones regionales que actuaron en la represión que terminó con Santiago desaparecido”.
“Gran parte de esto ya está acreditado y no está en discusión; sólo resta acelerar y que cada responsable brinde explicaciones. Al igual que la familia de Santiago, consideramos que no pueden pasar más tiempo impunes”, puntualizó el letrado.
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