De los trece jueces que deben integrar la Cámara Federal de Casación Penal, hay sólo nueve cargos cubiertos. Una de sus cuatro salas está totalmente incompleta. El concurso para cubrir esos sillones se realizó hace cinco años: hay un listado de quince postulantes, está rodeado de impugnaciones y recientemente el consejero del gobierno pidió una consultoría integral del concurso, que de prosperar lo haría peligrar. El dato más sobresaliente, es que el Ministro de Justicia analiza reducir la integración la Casación: “no sería necesario cubrir esos cargos vacantes”, indicaron fuentes oficiales.
La Cámara Federal de Casación es el máximo tribunal penal del país, la instancia previa a llegar a la Corte Suprema de Justicia. Allí radica su relevancia: tiene Superintendencia sobre los Tribunales de juicio, es decir, revisa las condenas, las absoluciones, todo lo que se desprende de un debate oral en casos de corrupción, narcotráfico y trata de personas. Concede el doble conforme que, entre otras cosas, se planteaba como requisito en el proyecto de Ficha Limpia para evitar candidaturas de condenados por delitos contra la opinión pública.
Fue la Cámara, por ejemplo, la que ordenó reabrir la causa para investigar la muerte del fiscal Alberto Nisman que, tiempo después, fue calificada como homicidio.
También el máximo tribunal penal dejó sin efecto todas las prisiones preventivas que pesaban sobre Cristina Kirchner, dio vuelta sentencias de juicio, reordenó que juicios orales se hagan. Fue la Casación Federal la que ordenó la ejecución de bienes en concepto de decomiso en el marco de la causa Vialidad y la que revisa las condiciones en las que se ejecutan las condenados que obtienen firmeza, entre otros aspectos de relevancia jurídica.
A la fecha, el Concurso 475 incluye busca cubrir tres de los cuatro sillones vacíos en el máximo tribunal penal, algo definido por varios magistrados como “tres vacantes muy sensibles”.
Ante la consulta de Clarín, desde el Consejo de la Magistratura sostienen que se trata del “concurso más importante que hay, por la cantidad de cargos y por el lugar que se busca cubrir”.
Los sillones vacíos en la Cámara que funciona en el primer piso de Comodoro Py se produjeron tras la salida de los jueces Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani, Liliana Catucchi y Ana María Figueroa.
Hay integrantes de la Cámara de Casación que consideran que no es “tan urgente cubrir estos puestos”, como señaló una fuente judicial a Clarín. Incluso, en abril de este año en una reunión con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, algunos magistrados señalaron que el máximo tribunal penal “con nueve miembros está funcionando bien”.
La posibilidad de contar con otra integración en el máximo tribunal penal, existe. Ante la consulta de este diario, fuentes oficiales señalaron: “Es viable y es un tema que se está analizando”.
Al brindar más detalles, desde el gobierno indicaron que se trata “de un proyecto para reducir la integración de la Cámara de Casación Penal y otras Nacionales. La idea es que con ese presupuesto se pueda dar creación a juzgados federales del interior, en zonas fronterizas con problemas con el narcotráfico”.
¿Qué implica esto? En otras palabras, que las vacantes por las que hay una fuerte discusión por parte de algunos postulantes “no sería necesario cubrirlas. No sólo esas sino también algunas de la Cámara del Crimen”, expresaron a Clarín fuentes de la Casa Rosada.
Un concurso cuestionado
Esta información convive con una decisión que tomó el secretario de Justicia, Santiago Viola. El concurso 457, que se abrió hace cinco años en el Consejo de la Magistratura y que busca cubrir tres de los cargos vacantes en la Casación, tiene un listado inicial de quince postulantes. Es el orden de mérito provisorio, porque fue impugnado por 25 participantes y que en algunos casos, no lograron superar los 50 puntos en el examen escrito, algunos de ellos jueces en ejercicio.
La distinción es que sólo cinco de los concursantes sobre 43 (11%) solicitaron la intervención de consultores técnicos.
Ese listado se confeccionó en función del orden de mérito posterior al examen escrito, la puntuación de los antecedentes personales de quienes concursaron, y en función de las correspondientes entrevistas personales. Estaba listo para ser remitido al Poder Ejecutivo Nacional, por ternas para cada uno de los cargos, sin embargo está frenado.
Las impugnaciones deben ser revisadas porque así lo prevé el reglamento. El dato es que se requirió la revisión de los concursos con consultores externos. Es una “medida extraordinaria, y que se conceda lo es aún más”, explicó una fuente del Consejo de la Magistratura.
Sucede que a través de una nota a la que accedió este medio, fechada el 24 de junio, Santiago Viola y la consejera María Alejandra Provítola solicitaron el sorteo de consultores técnicos, algo previsto en el Reglamento del Consejo de la Magistratura.
El pedido se dirigió a la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial presidido por Fernanda Vázquez, “en virtud del análisis integral de las impugnaciones deducidas y de las solicitudes de designación de consultores técnicos formuladas por algunos de los postulantes”.
A los fines de otorgar al proceso la “mayor transparencia” -continúa manifestando la nota- elevamos la presente a consideración de la Comisión, a fin de que se expidan las personas técnicas designadas -en caso de concederse este planteo- sobre el concurso “para la designación de magistrados del Poder Judicial de la Nación a efectos de informar sobre los exámenes cuya revisión se solicitara tomando en consideración el universo evaluado”.
Fuentes del Consejo de la Magistratura indicaron que una revisión integral de todo lo actuado y no de las impugnaciones específicas que cinco concursantes interpusieron, “podría devenir en la nulidad de todo el proceso que acumula cinco años y que cuenta con un orden de mérito provisorio”.
En función de la normativa que rige las designaciones, se pueden designar cuatro consultores técnicos para que emitan opinión respecto de las observaciones a las calificaciones de los exámenes. “Teniendo a la vista los exámenes de los interesados, deben determinar si las soluciones planteadas cumplen con las pautas reglamentarias”.
Son cinco años los que transcurrieron desde la convocatoria, cuatro años desde que se tomó el examen y un año y medio desde que la subcomisión A -integrada por Provítola y Viola- tiene las impugnaciones para resolver. Ahora, se solicitó una revisión a través de consultores técnicos.
El orden de mérito provisorio se conformó con las notas de los jurados y la calificación de antecedentes de Vanesa Siley, la consejera kirchnerista.
Los 15 primeros en el orden de mérito provisorio son: María Gabriela López Iñiguez: (80 en examen + 86,75 en antecedentes) = 166,75 puntos; José Antonio Michilini: (70 + 95,95) = 165,95 puntos; Leonel Guillermo Gómez Barbella: (70 + 84,50) = 154,50 puntos; Fernando Marcelo Machado Pelloni: (60+ 93,90) = 153,90 puntos; Marcelo Ferrante: (55+ 97) = 152 puntos; Fernando Gabriel Bellido: (71+ 79,35) = 150,35 puntos; Mariano Pérez Roller: (70+ 80) = 150 puntos; Diego Alejandro Amarante: (67+ 82,50) = 149,50 puntos.
El listado continúa: Nicolás Schiavo: (65+ 81,50) = 146,50 puntos; María Jimena Monsalve: (69+ 74,45) = 143,45 puntos; Gonzalo Ezequiel Demián Viña: (62+ 78,15) = 140,15 puntos; Jorge Luciano Gorini: (55+ 85,12) = 140,12 puntos; Julio Gonzalo Miranda: (65+ 74,25) = 139,25 puntos; Pamela Bisserier Díaz: (55+ 83,50) = 138,50 puntos y Nadia Flores Vega: (60+ 75) = 135 puntos.
El jurado que toma y corrige exámenes no es el mismo que califica antecedentes.
Como puede observarse, el examen mejor puntuado con 80 puntos fue el de la jueza de Tribunal Oral de Comodoro Py, María Gabriela López Iñiguez, luego, entre los siguientes diecinueve postulantes, doce obtuvieron entre 71 y 60 puntos, seis entre 59 y 50 y una 40. Sólo 9 de los 43 postulantes que rindieron, desaprobaron (20%).
