La Comisión Europea (CE) aseguró este lunes que mantiene como opción, ante las posibles nuevas medidas restrictivas de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI), el aplicar el estatuto de bloqueo, para impedir que empresas y operadores comunitarios tengan que cumplir sanciones de terceros países que violen el derecho internacional.
«El estatuto de bloqueo sigue sobre la mesa, como hemos dicho. Así que, en este momento, aún es demasiado pronto para hacer hipótesis sobre cuál podría ser el resultado final. Pero todas las opciones están sobre la mesa, y el estatuto de bloqueo es una de ellas», indicó la portavoz comunitaria Siobhan McGarry durante la rueda de prensa diaria de la CE.
Estados Unidos anunció que impondrá nuevas sanciones a la CPI el mismo día en el que el premio Nobel de la Paz fue otorgado a su exjueza Navi Pillay. Eso motivó que los líderes de la Unión Europea (UE), en su cumbre de la semana pasada, reclamaran a la Comisión «todas las iniciativas adecuadas que contribuyan a la protección de la Corte y a la atenuación de las sanciones, en concreto las dirigidas a empresas de la UE, de modo que estas puedan seguir prestando servicios a la Corte».
«Queremos hacer todo lo que esté en nuestra mano para proteger la labor de la Corte y, por el momento, estamos en contacto con varios de los Estados partes de la Corte para ver qué medidas prácticas podemos adoptar en caso de que las sanciones se lleven a cabo», comentó McGarry.
La portavoz no quiso entrar en detalles sobre «las medidas que se están barajando», pero subrayó que Países Bajos «está liderando en gran medida esta labor en colaboración con la Comisión y los demás Estados miembros».
«Se trata, pues, de medidas que se pueden adoptar para proteger la labor de la Corte en caso de que lleguemos al final de este periodo de seis meses -el tiempo en que las nuevas sanciones estadounidenses entrarían en vigor- sin que exista ninguna otra alternativa», dijo, y mencionó ahí que recurrir al estatuto de bloqueo es una de las posibilidades que están sobre la mesa.
Las medidas anunciadas por Washington implican, en principio, el bloqueo de bienes e intereses de la CPI en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos y empresas estadounidenses, así como restricciones a las transacciones con la institución.
