¿Quién investiga a los magistrados cuando son denunciados por cometer un delito o por mal desempeño? El Consejo de la Magistratura de la Nación es el organismo responsable cuando se trata de jueces nacionales y federales. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) publicó un informe -al que accedió Clarín-, que refleja que entre 1999 y agosto de 2026, el Consejo recibió 5.170 denuncias, pero solo 64 de las 4.910 que se cerraron terminaron con la sanción o remoción de magistrados y magistradas. Es decir: apenas el 1,3% de los casos investigados.
Hay una garantía institucional: un juez nunca puede ser removido por las sentencia que dicta. Sin embargo, puede pedirse su destitución por mal desempeño en sus funciones o bien, por la comisión de algún tipo de delito.
El Consejo de la Magistratura no sólo se ocupa de designar a los jueces y juezas, sino también de analizar y responder a las denuncias por mal desempeño de sus funciones, que se tramitan en dos comisiones: la de Acusación y la de Disciplina.
La principal diferencia entre las dos comisiones radica en la gravedad de la falta y el destino del magistrado: la Comisión de Disciplina investiga conductas y aplica sanciones leves (apercibimientos, multas) por faltas menores, «por ejemplo faltas al deber de cortesía, demoras injustificadas”, señalaron fuentes judiciales.
En cambio, la Comisión de Acusación formula cargos graves que pueden llevar a la remoción del juez ante un Jurado de Enjuiciamiento. Interviene cuando se denuncian faltas muy graves como el mal desempeño, la comisión de delitos, el desorden de conducta. “Su función es instruir el sumario, formular la acusación formal y elevar el caso al Jurado de Enjuiciamiento para buscar la remoción del cargo”, indicaron.
La ACIJ analizó 5.170 denuncias presentadas en el Consejo de la Magistratura desde su creación. Los datos evidencian que apenas el 1,3% de las denuncias cerradas llegaron a una sanción o remoción.
De ese universo de denuncias 4.910 están cerradas (94,97%) y 260 continúan en trámite (5,03%). De las 4.910 que ya se cerraron, 64 llegaron a una sanción o remoción (1,3%). De las 64 mencionadas, 43 correspondieron a sanciones como multas y apercibimientos (67,19%) y 21 a remociones (32,81%).
Hay otro número que explica aún mejor la situación: 2 de cada 100 magistradas o magistrados denunciados fueron sancionados o destituidos.
Sobre esas esas estadísticas, la ACIJ sostiene que hay un interrogante central respecto a la “eficacia de estos procesos” y añade: “Los problemas que exhiben hoy los mecanismos disciplinarios son múltiples: su opacidad impide que la ciudadanía controle el curso de las investigaciones, el bloqueo a la participación de quienes hacen las denuncias en esas instancias los priva de impulsar el avance de las causas y la arbitrariedad en la selección de quienes investigarán las denuncias puede determinar el éxito de un proceso o su fracaso”.
Como se contó en su momento, entre 1999 y 2026, 469 denuncias que estaban en el Consejo de la Magistratura caducaron por no recibir ningún tratamiento. Esto está contemplado en el reglamento del organismo.
“Si los procesos disciplinarios impulsados por el Consejo de la Magistratura no funcionan como deberían, la garantía de independencia puede transformarse rápidamente en garantía de impunidad”, sostuvo la ACIJ en las conclusiones del informe.
Las denuncias abiertas
En el Consejo se acumularon 205 denuncias contra jueces y juezas, en su mayoría federales. Aquellos que investigan corrupción, lavado de dinero y narcotráfico.
Pero si miramos el número global, son 260 en total los expedientes originados por denuncias contra magistrados que aún se encuentran vigentes con sospechas formuladas sobre el accionar de los jueces y juezas, principalmente en los expedientes que ellos condujeron.
De las 260 denuncias contra jueces que están vigentes, “una buena parte fueron presentadas por alguno de los litigantes, por estar desconformes con el contenido de la sentencia o la decisión del juez al que denuncia”, indicaron fuentes judiciales.
Según la información a la que accedió Clarín, las denuncias que siguen abiertas están distribuidas de la siguiente manera: 36 tramitan en la Comisión de Acusación, 205 tramitan en la Comisión de Disciplina. Otras 14 denuncias recientemente ingresadas están pendientes de asignación y 5 en trámite en el Plenario, que es donde finalmente se vota la destitución o la sanción según la gravedad del caso y dónde tramitó el mismo.
Si se analiza la antigüedad de la mayor cantidad denuncias que permanecen vigentes en el Consejo, el detalle indica que de las 205 que se tramitan en la Comisión de Disciplina un 66 % tienen menos de un año, 22% tienen dos años, y sólo el 12 % tienen más de dos años y menos de tres.
Pero, junto con esos números, conviven otros. En octubre pasado, 176 expedientes fueron archivados. De ese número global 58 caducaron al cumplirse el plazo que establece el reglamento, es decir: durante tres años el expediente no tuvo ningún tipo de tratamiento y eso deviene en el cierre sin la revisión de los hechos denunciados. De ellas, 49 denuncias estaban radicadas en la Comisión de Disciplina y 9 en la Comisión de Acusación.
Los archivos adicionales fueron resultado del plenario que desestimó 57 denuncias in límine y otras 61 fueron cerradas después de producida la prueba consideraron que no había elementos suficientes para sostener las denuncias.
Jueces destituidos
Algunos de los magistrados destituidos, son Walter Bento, que luego recibió una pena de 18 años por corrupción. Bento había sido destituido en noviembre de 2023. El año pasado se destituyó a Martín Poderti, Juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, acusado de robarse 141 monedas de oro cuando era secretario de del Juzgado.
Asimismo, en 2025 Marcelo Bailaque, ex juez federal de Rosario, renunció luego de que el Consejo de la Magistratura de la Nación aprobara el dictamen de acusación. Está preso y señalado como responsable de favorecer a narcotraficantes e inventar causas para extorsionar.
Estos casos recientes se suman a la lista de 73 magistrados que fueron acusados por la Comisión de Acusación desde que el Consejo se creó.
De ese total de 73, en 38 se iniciaron procesos de remoción, de los cuales resultaron 20 destituciones, 5 rechazos de la acusación en el jury, 11 renunciaron y 2 finalizaron por otras causas. Esto les permite cobrar su jubilación de privilegio, por ejemplo.
Fuentes del Consejo explicaron que “48 magistrados recibieron una sanción disciplinaria”, es decir una multa con descuento en el sueldo, apercibimiento, entre otras.
Este año, además, Alfredo López – ex juez federal de Mar del Plata-, fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento tras acreditarse la causal de mal desempeño por graves desórdenes de conducta. El proceso consideró probado el uso reiterado y sistemático de su investidura para emitir expresiones peyorativas e insultos dirigidos a la comunidad judía en redes sociales.
En el caso de Gastón Salmain (Titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario), la Comisión de Acusación avanzó con dictamen de elevación a Jurado de Enjuiciamiento por presunto mal desempeño en sus funciones.
El riesgo
La ACIJ consignó en su informe que los porcentajes a los que arribaron son resultado de los datos oficiales del Consejo de la Magistratura, información extraída de respuestas a pedidos de acceso a la información pública al organismo, testimonios de denunciantes y análisis de especialistas con el propósito de explorar el funcionamiento de la atribución de vigilancia sobre la magistratura.
Sin embargo, indicaron, “se intentó contar con las miradas de los consejeros y consejeras. Se enviaron más de 40 pedidos de entrevistas a los 15 que actualmente integran las Comisiones de Disciplina y de Acusación pero, a excepción de Anabel Fernandez Sagasti y Rodolfo Tailhade, ninguno respondió. Tampoco fue posible acceder a los expedientes disciplinarios que habíamos solicitado, aun cuando según las leyes 24.937 y 27.275 estos deben ser públicos”.
Finalmente, indicó la ACIJ: “Una Justicia que no investiga sus denuncias, que permite que los procesos caduquen y que omite sancionar casos de mal desempeño difícilmente pueda decirse justa. Fortalecer el control y la rendición de cuentas de quienes ejercen el poder de juzgar sobre nuestra democracia y nuestros derechos es esencial para restablecer la confianza pública en el Poder Judicial”.
